El Ajuntament de Deià tendrá que asumir el coste del derribo de los
cuatro chalets de Llucalcari, así como la responsabilidad
patrimonial tras la sentencia del Supremo que ordena la demolición
de estas viviendas construidas en la Serra de Tramuntana, declarada
Bien de Interés Cultural. Si no ejecuta el fallo, la Administración
local incurrirá en un delito por desobediencia judicial.
Así lo indicó ayer el abogado Eduard Moreno, quien junto con
Lina Riera, ha representado al GOB en el proceso judicial que ha
culminado con la sentencia del más alto tribunal. Moreno aseguró
que una vez que la sentencia sea firme y se comunique a las partes,
el Ajuntament tendrá 10 días para ejecutarla. Si en ese plazo no lo
hace, el GOB tendrá 2 meses para solicitar el derribo. A juicio del
letrado, en tres meses los chalets tendrían que estar
derribados.
Los abogados insistieron en que el Ajuntament deberá abonar
todos los gastos, salvo que la licencia se hubiera otorgado de
forma irregular. Eduard Moreno precisó que las comisiones de
Patrimonio y Urbanismo autorizaron las obras, pero no dieron la
licencia. «En principio», afirmó, «el Govern no tendría
responsabilides y sólo subsidiariamente podría responder a los
gastos».
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