El concejal socialista reconoció que la parcelación de Son Font no
recibió una declaración de interés social, pero matizó que cada una
de las autorizaciones otorgadas en 1987 por la Comissió Provincial
d'Urbanisme (CPU) siguió un proceso administrativo idéntico al que
sigue un proyecto que solicitaba la utilidad pública.
Suárez admitió que la moción aprobada el pasado miércoles por el
Ajuntament calvianer solicitando al Consell el inicio del «estudio
de procedimiento de solicitud de la tramitación de caducidad del
interés social del espacio de Son Font» tal vez presentara una
redacción inadecuada y que debería haber solicitado la «caducidad
de las autorizaciones» para construir en la parcelación. No
obstante, el primer teniente de alcalde señaló que se acudió a la
figura del «interés social» por recomendación de los técnicos
porque el proceso que deberá seguir es «idéntico».
Sobre la legalidad de Son Font, Suárez recordó las palabras del
director general d'Ordenació del Territori del Govern, Manuel
Cabellos, quien afirmaba anteayer que pese a no existir una
declaración de interés social «todas las construcciones existentes
son legales». Las primeras construcciones surgieron en los años 70
como viviendas para «la explotación de huertos familiares en
régimen de agricultura a tiempo parcial».
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