La agrupación del servicio regular exigirá a la Direcció General de
Transports la paralización de las obras de prolongación del tren de
Inca hasta sa Pobla. Este colectivo pidió por escrito, en mayo de
1999, que Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) suspendiera las
obras de la línea por no ajustarse a derecho la tramitación del
proyecto, escrito que no ha tenido ninguna respuesta de la
administración.
Según explica el portavoz Miquel Llompart, en Transports no hay
un expediente administrativo que justifique el proyecto y, por
tanto, para los afectados se produce una situación de indefensión.
«En su día no pudimos alegar por no existir este expediente, y
tampoco podemos interponer un contencioso sin este expediente»,
indica Llompart.
Transcurridos más de tres meses sin que la Dirección General de
Transports haya contestado al mencionado escrito, los empresarios
de transporte entienden que se les da la razón y que se tienen que
paralizar las obras. Llompart asegura que se remiten al artículo 43
de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, según el cual si a
los tres meses no hay contestación se entiende que las pretensiones
expuestas son estimadas. En base a este silencio, los
transportistas exigirán a la administración la suspensión de las
obras y si no se hace efectiva requerirán al juez para ejecutar la
paralización del proyecto.
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