El concejal de Urbanismo del Ajuntament de Pollença, el socialista
Pere Capó, no quiso manifestarse sobre las peticiones de dimisión
formuladas por los socios de pacto de gobierno del Ajuntament de
Pollença, UM y PSM, que dieron un ultimátum de 48 horas a la
alcaldesa Francisca Ramon para depurar responsabilidades
urbanísticas.
Capó indicó: «No tengo constancia de que hayan pedido tal cosa,
esta noche tenemos reunión con la ejecutiva local y mañana podré
hacer declaraciones».
Con respeto a la rebaja de un 50 por ciento de una sanción
urbanística de 80 millones de pesetas, impuesta por el Consell
Insular por la construcción sin licencia de un complejo de
apartamentos en el Port de Pollença promovida por la Cadena Mar SA,
Capó aseguró estar tranquilo «porque estas rebajas se han pedido al
Consell, en otras ocasiones, cuando se ha legalizado las
situaciones, incluso el Ajuntament ha perdonado, algunas veces el
100% de la multa».
Capó también quiso recordar que no ha sido el Ajuntament quien
ha rebajado la multa sino el Consell Insular de Mallorca (CIM) y
los que han votado la rebaja del 50 por ciento que ha dejado la
multa de 80 millones en 40, han sido también los partidos de UM y
PSM del Consell de Mallorca.
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