TW
0

El proyecto del tercer polígono industrial de Inca tendrá un presupuesto de unos 1.200 millones de pesetas y será gestionado íntegramente por el Ajuntament d'Inca. El Consistorio ha preparado un anteproyecto que presentará a los vecinos afectados en un plazo máximo de 15 días.

Las fincas afectadas están ubicadas , a la derecha de la carretera Palma-Alcúdia, desde la rotonda de la autopista hasta la zona deportiva del Sallista.

El polígono abarcará un total de 262.159 metros cuadrados, de los que se destinarán a zonas verdes 26.216 metros y otros 35.275 para instalaciones deportivas. El resto, un total de 143.576, serán para solares industriales, que suman 108 parcelas edificables, el 54'77 por ciento del suelo industrial.

Según han indicado el alcalde de Inca, Pere Rotger y el primer teniente alcalde, Bartomeu Seguí, «el Ajuntament quiere firmar un convenio con los propietarios antes de recalificar los terrenos. Según este convenio, los propietarios pondrían a disposición del Ajuntament los terrenos rústicos, que serán recalificados como industriales a través de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). A cambio, el Ajuntament devolverá a los propietarios el 20 por ciento de los terrenos que hayan cedido ya urbanizados y que éstos podrá utilizar o vender como suelo industrial al precio que ellos crean conveniente».

Para financiar el proyecto, el Ajuntament d'Inca se quedará con el resto de solares, alrededor de 90.000 metros cuadrados que pondrá a la venta, según el alcalde Pere Rotger, «a 10 ó 11 mil pesetas el metro cuadrado, un precio muy inferior al precio actual del mercado». Para evitar la especulación, las empresas deberán cumplir los criterios marcados por el Ajuntament. Rotger indicó que se dará prioridad a las empresas instaladas en el casco de Inca y en segundo lugar a las empresas de Inca instaladas en las afueras. Las personas interesadas en uno de estos solares deberán tener un proyecto empresarial y en un plazo de cinco años no podrán vender las instalaciones sin permiso del Ajuntament, que tendrá el derecho de reversión.