El proyecto del tercer polígono industrial de Inca tendrá un
presupuesto de unos 1.200 millones de pesetas y será gestionado
íntegramente por el Ajuntament d'Inca. El Consistorio ha preparado
un anteproyecto que presentará a los vecinos afectados en un plazo
máximo de 15 días.
Las fincas afectadas están ubicadas , a la derecha de la
carretera Palma-Alcúdia, desde la rotonda de la autopista hasta la
zona deportiva del Sallista.
El polígono abarcará un total de 262.159 metros cuadrados, de
los que se destinarán a zonas verdes 26.216 metros y otros 35.275
para instalaciones deportivas. El resto, un total de 143.576, serán
para solares industriales, que suman 108 parcelas edificables, el
54'77 por ciento del suelo industrial.
Según han indicado el alcalde de Inca, Pere Rotger y el primer
teniente alcalde, Bartomeu Seguí, «el Ajuntament quiere firmar un
convenio con los propietarios antes de recalificar los terrenos.
Según este convenio, los propietarios pondrían a disposición del
Ajuntament los terrenos rústicos, que serán recalificados como
industriales a través de una modificación puntual del Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU). A cambio, el Ajuntament devolverá a
los propietarios el 20 por ciento de los terrenos que hayan cedido
ya urbanizados y que éstos podrá utilizar o vender como suelo
industrial al precio que ellos crean conveniente».
Para financiar el proyecto, el Ajuntament d'Inca se quedará con
el resto de solares, alrededor de 90.000 metros cuadrados que
pondrá a la venta, según el alcalde Pere Rotger, «a 10 ó 11 mil
pesetas el metro cuadrado, un precio muy inferior al precio actual
del mercado». Para evitar la especulación, las empresas deberán
cumplir los criterios marcados por el Ajuntament. Rotger indicó que
se dará prioridad a las empresas instaladas en el casco de Inca y
en segundo lugar a las empresas de Inca instaladas en las afueras.
Las personas interesadas en uno de estos solares deberán tener un
proyecto empresarial y en un plazo de cinco años no podrán vender
las instalaciones sin permiso del Ajuntament, que tendrá el derecho
de reversión.
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