La sanción económica se ha visto reducida a una multa simbólica de
25.000 pesetas tras entender la Conselleria de Sanitat que, pese a
las constantes mejoras realizadas por el actual equipo de gobierno
en la red pública, el anterior Consistorio fue autor de una
infracción administrativa grave porque el depósito municipal de
distribución de agua potable carecía de la correspondiente
autorización sanitaria.
Los hechos se remontan a día 10 de junio de 1999, tres días
antes de celebrarse las elecciones municipales. Ante las numerosas
quejas vecinales porque el agua que salía de los grifos era de una
turbidez exagerada y de color marrón, dos inspectores de Sanitat
llevaron a cabo una inspección en el único pozo del municipio que
por aquel entonces suministraba agua a la población. Más tarde se
supo que los demás pozos estaban inutilizados por falta de
mantenimiento.
Ante las graves anomalías detectadas, el director general de
Sanitat impuso una multa de 300.000 pesetas y ordenó al ex alcalde
independiente Antoni Arbona el cese inmediato del suministro de
agua a la población al constatarse que ésta no era potable. Al
comprobarse la ausencia total de cloro, se instaba a limpiar y
desinfectar urgentemente el depósito y las tuberías. En la
resolución al recurso de alzada se reconoce que «el actual equipo
de gobierno (formado por cuatro concejales del PSOE y uno del PP),
nunca tuvo constancia en su día de que existiera una orden de
suspensión en los pozos, ya que la misma no se encontraba en los
archivos municipales».
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