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MIQUEL BAUÇÀ/R. P. F. El desconcierto y la incertidumbre campan a sus anchas estos días por las oficinas de los ayuntamientos de Mallorca, desconocedores de cómo les afecta la sentencia hecha pública el pasado día 23. En algunos casos, como Inca, Felanitx o Andratx, ya se ha hecho una primera aproximación del coste de la actualización de los sueldos de su personal. En otros, como Calvià, se ha optado por la prudencia y se han encargado informes técnicos y jurídicos en el seno de la propia Administración local y a especialista en Derecho de la Universitat de les Illes Balears para fijar el alcance del fallo judicial y actuar en consecuencia.

Esta próxima semana, la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) mantendrá una reunión extraordinaria para tratar esta cuestión. El alcalde de Sóller y vicepresidente de la federación de municipios, Joan Arbona, ha sido de los que han puesto el dedo en la llaga: «El Gobierno central ha generado un problema y quienes padecerán las consecuencias son los ayuntamientos, que deberán modificar sus presupuestos».

El Gobierno ha fijado en 235.000 pesetas la cantidad adeudada por los atrasos a los auxiliares administrativos. En caso de un jefe de sección o de servicio, la cifra se eleva a 437.000 y 601.000 pesetas, respectivamente. En el Ajuntament d'Alcúdia se ha considerado una media de 400.000 pesetas adeudadas a cada funcionario. Por su parte, el sindicato Comisiones Obreras ha realizado un cálculo individual que oscila entre las 203.000 de los trabajadores con ingresos anuales de 1'5 millones de pesetas, 406.000 pesetas para los funcionarios que ganan tres millones al año y las 677.000 pesetas para el personal con una remuneración de cinco millones anuales.