El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Palma ha
dictado un auto por el que se ejecuta una sentencia, en la que ya
se condenaba al Ajuntament de Llucmajor y a los tres propietarios
de la cantera de Can Casetes por utilizar ilegalmente este terreno
como vertedero de basuras. Los 19 vecinos de s'Aranjassa afectados
por las molestias que ocasionaban la acumulación de basuras en este
vertedero acudieron a los tribunales para que se les reconociera
los perjuicios, en forma de malos olores y humos, que les estaba
ocasionando esta actividad ilegal en la cantera de Llucmajor.
La magistrada Catalina Moragues, como ponente del auto de
ejecución de la sentencia, ha considerado que dos millones por
vecino es una cantidad justa por las molestias que padecen por el
funcionamiento de este vertedero. Esta indemnización se otorga en
concepto de daños morales.
La sentencia de la Audiencia determinó estas molestias que, si
bien no atentaban gravemente a la salud de los vecinos, sí
deterioraban su calidad de vida. La magistrada usa para justificar
esta indemnización una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos en la que se condenó a España. Este fallo determinaba que
los atentados graves contra el medio ambiente pueden afectar al
bienestar de una persona y privarla del disfrute de su familia.
Así, la juez entiende que «estar sometido durante un largo periodo
de tiempo, más de un año y medio, a olores muy fuertes y
desagradables de descomposición de basura y restos incinerados
afecta gravemente a la calidad de vida de los ocupantes de las
viviendas».
El auto también recuerda que los propietarios obtuvieron «un
notable beneficio económico» por este negocio ilícito, y ahora
deberán indemnizar a los vecinos por las molestias ocasionadas.
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