Los propietarios de pozos privados están obligados a declararlos
ante la Administración antes del próximo día 26 si no quieren
perder el derecho a la explotación de su caudal. Así lo establece
el Plan Hidrológico Nacional aprobado por el Gobierno central y
publicado el pasado 6 de julio en el BOE. En las Illes Balears se
calcula que hay alrededor de 36.000 pozos, de los que alrededor de
6.000 son ilegales o no están declarados. Si no se cumple con este
trámite en el término fijado, la ley dice que no se reconocerá
ningún aprovechamiento de aguas privadas si no es en virtud de una
resolución judicial firme.
En la práctica eso quiere decir que si no se tramitan los
correspondientes papeles los titulares de los pozos habrán de
recurrir a los juzgados para recuperar unos derechos que
actualmente ya les pertenecen. Para prevenir los gravísimos
perjuicios que se pueden derivar sobre todo para los agricultores,
el Ajuntament de sa Pobla ya ha decidido intervenir de forma
directa. Así, y pese a que no se trata de una competencia
municipal, el Ajuntament de sa Pobla ha puesto en marcha una
campaña para facilitar a los payeses la tramitación de todo el
papeleo que se podrá realizar en las oficinas municipales sin
necesidad de desplazarse a Palma. Después, los responsables
municipales enviarán los expedientes a Palma.
Además, el Ajuntament de sa Pobla ha alcanzado un acuerdo con la
Junta de Aguas por el cual se reduce de forma notable el número de
documentos que es necesario presentar para regularizar la situación
de los pozos. De esta manera, los titulares solo han de aportar una
fotocopia del NIF, de la escritura de propiedad de la finca y un
plano catastral con la ubicación de la parcela y el pozo. Este
último documentos será facilitado por el departamento municipal de
Urbanismo en el caso del Ajuntament pobler.
Más de 900 payeses de sa Pobla están
afectados
El alcalde de sa Pobla, Jaume Font, ha indicado que sólo en su
término municipal hay registrados más de 1.400 pozos privados, la
mayoría de ellos de uso agrícola. «En total se pueden ver afectados
por la medida hasta 900 titulares y aspiramos a arreglar los
papeles del 90 por ciento de los propietarios», dice Font. El
alcalde ha criticado la actitud de la Conselleria de Medi Ambient
del Govern, que tenía conocimiento de la nueva normativa y no ha
hecho ninguna campaña informativa para alertar a los propietarios.
Jaume Font recomienda a todos los propietarios de pozos que se
informen en sus respectivos ayuntamientos para agilizar los
trámites.
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