La propiedad de la finca de sa Coma, uno de los primeros terrenos
que se preservaron en Mallorca, situada en el Àrea Natural de
Especial Interés de sa Punta de n'Amer, estudia la posibilidad de
recurrir ante el Tribunal Europeo. La sentencia dictada por el
Tribunal Supremo ha denegado la indemnización de 3.214.442.928
pesetas que los propietarios de sa Coma reclamaban al Govern al
quedar su posesión incluida en el ámbito de delimitación de la ley
de protección 1985.
Así lo confirmó ayer el propietario administrador de sa Coma,
Modesto Marín, quien no escondió su indignación ante la resolución
de la sentencia añadiendo que «lucharemos por nuestros derechos
hasta el final, porque es justo que podamos obtener una
compensación a cambio de que todos puedan disfrutar de esta área
natural». Marín expresó que «nos hemos planteado cerrar la finca y
cobrar una tasa de entrada, ya que así sería la única manera de
obtener una compensación económica».
El portavoz del Govern, Antoni Garcies, afirmó que «el Supremo
ha dado la razón a la política progresista». El alcalde de Sant
Llorenç, Mateu Puigrós, manifestó que «esto demuestra que la
administración puede cambiar la normativa urbanística». Por su
parte, Antoni Muñoz, del GOB, declaró que «la sentencia refuerza la
idea de que los tribunales no dan la razón a posibles
indemnizaciones derivadas de la LEN».
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