El reciente fallo judicial, que obliga a la Administración
municipal a hacerse cargo del mantenimiento de la urbanización Nova
Santa Ponça, tiene un especial significado porque desde hace unos
meses, la promotora Hábitat Golf Santa Ponça SL (antes Imisa) y el
Consistorio calvianer mantienen un duro pulso, con guerra epistolar
cruzada y cartas dirigidas a los ciudadanos, sobre las
responsabilidades de cada parte en esta urbanización.
La sentencia del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma,
fechada día 5 de diciembre, desestima la demanda del propietario de
un vehículo todoterreno que padeció daños valorados en 173.000
pesetas al ceder una tapa de registro de alcantarillado en la calle
de acceso al hotel del golf de Santa Ponça. El titular del coche
demandó a la urbanizadora en base a que el informe realizado por la
Policía Local establecía que el accidente se produjo en una zona
urbana «de titularidad privada» que aún no ha sido «transferida al
Ajuntament».
La sentencia del juez señala que si bien es cierto que la
urbanización no ha sido recepcionada por el Ajuntament, también
está probado que desde 1991 la promotora ha solicitado en dos
ocasiones que esta promoción sea incorporada al tejido urbano
público y también que la Administración cobra en sus recibos la
tasa de alcantarillado en concepto de mantenimiento de las
infraestructuras. En consecuencia, desestima la demanda y da a
entender que la reclamación del conductor debe dirigirse al
Ajuntament.
El complejo Nova Santa Ponça tiene una red viaria de unos 40
kilómetros. El Ajuntament alega que hay numerosas deficiencias,
valoradas en más de 700 millones de pesetas, para no aceptar la
urbanización. La antigua Imisa considera que tal valoración no
tiene sentido por exagerada. Este conflicto motiva que numerosos
viales carezcan de alumbrado público porque ni Ajuntament ni Imisa
quieren pagarlo.
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