El PP de Calvià rescata la sombra de la sospecha en la gestión de Nájera

El portavoz y presidente de la junta local del PP de Calvià, Carlos Delgado, presentó una querella que acusa de los delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación o defraudación de fondos públicos a la alcaldesa, Margarita Nájera; dos tenientes de alcalde de la Corporación, los también socialistas Manel Suárez y Antoni Manchado. En la acusación también figura Javier Bustamante, alto cargo del Ajuntament, Albert Calderó y Estrategia Local.

En el texto de la querella, el PP enumera 16 contrataciones irregulares. La teoría defendida por los populares es que el equipo de gobierno contrata la realización de unos trabajos que luego, en algunos casos, no existen físicamente, con el agravante de que hay irregularidades en su contratación previa. Así, recuerda que en octubre de 1987 se abrió un expediente de contratación que concluyó «contraviniendo el pliego de condiciones». A finales de 1987, fue adjudicada por dos millones de pesetas al único licitador (Calderó) la realización de un plan de mejora del área de Vías y Obras, siendo alcalde Francesc Obrador y concejala de Acción Territorial Nájera. Entonces, Calderó Cabré se había dirigido al Ajuntament tras haber recibido «la solicitud de una propuesta de colaboración por nuestra parte».

En otros casos, los expedientes carecen de «documentación alguna acreditativa de los supuestos trabajos, facturas o pagos realizados». Un caso concreto que los populares consideran paradigmático es el correspondiente a la contratación de una «encuesta sobre el grado de conocimiento de los ciudadanos de los servicios y actividades municipales y valoración de los mismos». En julio de 1990 se presentaron cuatro ofertas a este concurso. Tres, entre ellas la de Estrategia Local, «debieron ser directamente rechazadas» por incumplir las bases. Sin embargo, la encuesta fue finalmente adjudicada a Estrategia Local por ser merecedora de «una mayor fiabilidad» pese a que presentó la oferta «más cara en cuanto a precio y más pobre en cuanto a contenido» y «no aportar los documentos requeridos».

Siendo Nájera alcaldesa, en junio de 1992 se adjudica una «asistencia técnica al gobierno municipal en materia de planificación estratégica y sistemas de gobierno y dirección» a Estrategia Local cuando otra sociedad se ofrecía a realizar este estudio por tres millones de pesetas menos. En este expediente, el informe técnico de Javier Bustamante, director general de Presidencia, argumenta que «el precio del contrato ofertado es igual en ambos concursantes», explica el texto de la querella.

En definitiva, el PP pone en manos de los jueces la investigación de la sistemática contratación de una empresa determinada para realizar estudios que en ocasiones no han sido vistos físicamente por la oposición. Nájera afirmó anteayer que «todos los contratos han sido ratificados por los funcionarios» y acusó al PP de «necesitar un montaje por su inoperancia en Calvià». Otras explicaciones apuntan al hecho de que el PP persigue con esta querella desviar la atención mediática de los casos Bitel y Formentera.

El «documento Maquiavelo» emergió en 1998 como la punta de un iceberg
Casualidad o espionaje, el entonces concejal Anselmo Martín descubrió en 1998 en su ordenador un documento interno del equipo de gobierno, bautizado Maquiavelo en honor al autor de «El Príncipe», que recomendaba aplicar políticas diferenciadas en el municipio para obtener el mejor rendimiento electoral, siempre a partir del control del censo. Según aquel informe, Calvià se debía dividir en áreas MC (mallorquines conservadores) e IP (inmigrantes progresistas). El documento salido de las calderas de Estrategia Local y sugería «construir dos discursos diferentes» y «no decir toda la verdad».