Eberhard Grosske, titular de Treball, instó ayer a los empresarios
implicados en el conflicto laboral del Club Med (Santanyí) a buscar
soluciones para los trabajadores del complejo turístico que
permanecen encerrados en las instalaciones desde hace una semana.
«Si no hay buena voluntad por llegar a un acuerdo, las empresas
pagarán un coste elevado», amenazó el conseller. Por primera vez,
los representantes legales de la propiedad de los terrenos, de la
antigua explotación (Club Med) y de la nueva (Roxa) participaron en
una reunión con los trabajadores convocada por la Conselleria de
Treball en Palma.
La Conselleria de Turisme y el Ajuntament de Santanyí también
estuvieron presentes en el encuentro. Ayer no se llegó a un
acuerdo, pero Grosske quiso dejar claro que la obligación de las
tres partes empresariales es recolocar a la plantilla de un
centenar de trabajadores o pagarles indemnizaciones. «La situación
es kafkiana», explico el conseller. «Los trabajadores no están
despedidos, pero tampoco tienen un empresario».
El cambio de empresa explotadora del Club Med, actualmente en
reformas, ha provocado el conflicto laboral. Los nuevos
arrendatarios (Roxa) argumentan que han alquilado el complejo sin
ninguna obligación complementaria y recriminan a la propiedad que
el contrato no se firmase en los términos correctos, según explicó
Grosske. «La tesis de la Administración es que hay un efecto de
subrogación y que, por tanto, Roxa es responsable de los
trabajadores. El Club Med, por su parte, tiene una obligación moral
y no puede desprenderse de ellos de forma radical», dijo.
Manuel Pelarda, del sindicato UGT, en representación de los
trabajadores, indicó que se podría producir un presunto delito
social si la empresa incumple la resolución de la regulación de
empleo, que fue rechazada por la Dirección Provincial de Trabajo.
Afirmó que si hoy no se llega a un acuerdo definitivo tendría que
intervenir la Fiscalía.
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