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El secretario del Ajuntament de Calvià, Josep Ponseti, acompañado de varios funcionarios, depositó ayer en el Juzgado de Instrucción número 5 de Palma la documentación relacionada con la contratación de servicios e informes a la sociedad Estrategia Local por parte de la Administración Local.

La voluminosa documentación (unos 20 expedientes) fue requerida por la juez Ana San José, instructora de la querella criminal interpuesta por el PP de Calvià contra la alcaldesa, Margarita Nájera; los tenientes de alcalde Manel Suárez y Antoni Manchado, el alto cargo municipal Javier Bustamante y Albert Calderó, responsable de Estrategia Local, acusados de haber cometido los supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación o defraudación de fondos públicos.

El abogado Gabriel Garcies, que defiende a la alcaldesa y sus colaboradores, indicó que el acto de consistió en responder «al requerimiento del Juzgado» y aportar la documentación reclamada. El PP denunció que desde 1987 el Ajuntament ha destinado más de 238 millones de pesetas a contratos fraudulentos con Estrategia Local.