El Ministerio Fiscal rebajó ayer a dos años de inhabilitación la
pena solicitada para Francesc Rosselló, alcalde socialista de Alaró
entre 1979 y 1999, al considerar que es culpable de un delito de
certificación falsa registrado entre 1991 y 1994 durante el proceso
de compra de la finca de Son Tugores. El fiscal Miguel Àngel Anadón
retiró también la acusación contra el secretario Jaume Nadal.
Por su parte, los acusadores particulares Sebastià Frau y Maria
Victòria Ribas solicitan elevadas penas de prisión y una multa de
200 millones de pesetas para el ex alcalde por los delitos de
prevaricación, falsedad en documento público y contra la Hacienda
pública. Maria Victòria Ribas pidió, a su vez, que tambien sea
imputado el secretario. Los abogados defensores de Rosselló y Nadal
solicitan su absolución.
A lo largo de la mañana de ayer declararon en la sección segunda
de la Audiencia todos los testigos. El actual alcalde, Josep
Gomila, recordó en su testimonio las numerosas irregularidades que
se cometieron en la compra de Son Tugores. La finca fue adquirida
en 1993 por el Consistorio por 55 millones de pesetas.
Gomila afirmó que la querella se interpuso después de que una
comisión de investigación creada en 1995 para esclarecer los hechos
hallase numerosas irregularidades. A su vez, el batle indicó que
«parece que cinco millones de pesetas se perdieron por el camino,
porque la propietaria de Son Tugores dijo que pedía y había cobrado
50 millones por la finca, pero el Ajuntament la compró por 55».
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