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C.R.G./M.B. El Ajuntament de Llucmajor no realizará obras en la urbanización de Sa Torre si los vecinos no pagan las contribuciones especiales. Joan Jaume, delegado de Urbanismo, afirmó ayer que la postura de los vecinos de no pagar las contribuciones «es respetable, pero supone una dinámica de paralizar las obras durante varios años». La mejora de los accesos, alumbrado, asfaltado, saneamiento, suministro de agua y zonas verdes tiene un coste de 5.170.000 euros y, según aprobó el Ajuntament en sesión plenaria, cada vecino deberá pagar 6'13 euros por metro cúbico edificable.

La deficiente ejecución de la urbanización de Sa Torre es motivo de polémica desde hace años. Jaume argumentó que, desde 1992, el Ajuntament exige al promotor que subsane las deficiencias de la urbanización, sin éxito. El Consistorio le sancionó por infracción urbanística y le impuso una multa de 120.000 euros, que no ha cobrado. También acudió a la vía penal acusado de un presunto delito de estafa pero, según los tribunales, la tentativa de estafa no se contempla en el nuevo Código Penal.

La urbanización comenzó a construirse en 1984 y en 1990 debía estar acabado. Según Jaume, el Ajuntament reclamó entonces el final de obra al promotor. Entre 1994 y 1995, ya se planteó a los vecinos en numerosas reuniones que los propietarios debían convertirse en promotores para concluir la urbanización. Desde aquellos años, vecinos y Ajuntament no se ponen de acuerdo para resolver el conflicto.

A juicio del delegado de Urbanismo del Ajuntament de Llucmajor, «el tema se está politizando por parte del partido socialista». Sobre la no asistencia de una representación del Consistorio a la asamblea de los vecinos celebrada esta semana, Joan Jaume indicó que el equipo de gobierno sabía de la celebración de esta reunión, pero no tenía constancia de una invitación formal al acto. Jaume recordó que se ha negociado con el Banco de Crédito Local unas condiciones ventajosas para el pago de las contribuciones.