Propietarios contra Margalida Rosselló. Foto: JOANA PÉREZ

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Margarita Llobera, presidenta de la Associació de Defensa de la Serra de Tramuntana, aseguró ayer que «los pequeños y grandes propietarios de la Serra saldrán de nuevo a la calle como cuando salieron los tractores» a principios de la legislatura para protestar contra la política medioambiental que desarrolla el Govern. El motivo del enfado de los propietarios es la reciente aprobación de la Ley de Biodiversidad y la futura creación de un parque natural en la Serra de Tramuntana.

La titular de la Conselleria de Medi Ambient, Margalida Rosselló, reconoció el pasado miércoles que la creación del parque de la Serra está contemplada en el Pacte de Progrés sobre la que su gabinete trabaja y que confía en poder presentar un documento, posiblemente un avance del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del futuro parque natural, antes de que concluya la legislatura. Sobre esta situación, Llobera especificó que «aún no hay fecha, ni hora, ni lugar» pero aseguró que no para de recibir llamadas telefónicas de otros propietarios de fincas de la comarca preocupados por la posible aprobación del parque natural.

El presidente de la Asociación de Propietarios de Fincas Rústicas, Fernando Fortuny, destacó que esta legislatura se ha caracterizado por «la presión sobre la iniciativa privada, sobre todo en el mundo rural» y acusó a la Conselleria de Medi Ambient de realizar «un control y una intervención típica de sistemas comunistas». También pidió una «mayor definición» a UM, por compartir proyecto con Els Verds y sus métodos «de intervencionismo comunista».

Fortuny negó que haya una mayoría de dueños de propiedades a favor del parque y realizó una comprometedora propuesta: «Que se haga una encuesta entre los propietarios, y si quienes están a favor del parque suman más terrenos que los que están en contra, dimito». Llobera y Fortuny coinciden con Mariano Servera, presidente de la Associació per a la Defensa del Llevant de Mallorca; y Maria Teresa Tur, presidenta de la Asociación de Propietarios Cala d'Hort (Eivissa), en que el papel de los dueños de las fincas afectadas por los espacios protegidos «es ínfimo».