Margarita Llobera, presidenta de la Associació de Defensa de la
Serra de Tramuntana, aseguró ayer que «los pequeños y grandes
propietarios de la Serra saldrán de nuevo a la calle como cuando
salieron los tractores» a principios de la legislatura para
protestar contra la política medioambiental que desarrolla el
Govern. El motivo del enfado de los propietarios es la reciente
aprobación de la Ley de Biodiversidad y la futura creación de un
parque natural en la Serra de Tramuntana.
La titular de la Conselleria de Medi Ambient, Margalida
Rosselló, reconoció el pasado miércoles que la creación del parque
de la Serra está contemplada en el Pacte de Progrés sobre la que su
gabinete trabaja y que confía en poder presentar un documento,
posiblemente un avance del Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN) del futuro parque natural, antes de que concluya
la legislatura. Sobre esta situación, Llobera especificó que «aún
no hay fecha, ni hora, ni lugar» pero aseguró que no para de
recibir llamadas telefónicas de otros propietarios de fincas de la
comarca preocupados por la posible aprobación del parque
natural.
El presidente de la Asociación de Propietarios de Fincas
Rústicas, Fernando Fortuny, destacó que esta legislatura se ha
caracterizado por «la presión sobre la iniciativa privada, sobre
todo en el mundo rural» y acusó a la Conselleria de Medi Ambient de
realizar «un control y una intervención típica de sistemas
comunistas». También pidió una «mayor definición» a UM, por
compartir proyecto con Els Verds y sus métodos «de intervencionismo
comunista».
Fortuny negó que haya una mayoría de dueños de propiedades a
favor del parque y realizó una comprometedora propuesta: «Que se
haga una encuesta entre los propietarios, y si quienes están a
favor del parque suman más terrenos que los que están en contra,
dimito». Llobera y Fortuny coinciden con Mariano Servera,
presidente de la Associació per a la Defensa del Llevant de
Mallorca; y Maria Teresa Tur, presidenta de la Asociación de
Propietarios Cala d'Hort (Eivissa), en que el papel de los dueños
de las fincas afectadas por los espacios protegidos «es
ínfimo».
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