El portavoz de UM, Joan Josep Mas, ha explicado que desde su
partido considera que «se debe acatar la sentencia y derribar de
una vez los apartamentos que ya ha quedado demostrado que son
ilegales». «Nuestra opinión es que no se debe gastar más dinero en
intereses particulares, puesto que hasta el momento se han gastado
unos 40 millones de pesetas», agregó. Mas dice que «con este dinero
muy bien se hubieran podido disminuir los impuestos o invertir en
cosas más necesarias para el pueblo en lugar de defender unos
intereses particulares».
Además, tomando la palabra al alcalde, Andreu Prohens (PP), que
siempre dice que los apartamentos o se tienen que terminar o tirar
abajo, «pues que los derribe, porque son la vergüenza de Campos».
Pere Escales, portavoz del PSOE, sigue en la misma línea: «Hasta el
momento el alcalde ha perdido todos los recursos y seguirá
perdiendo todos los que interponga, pero él quiere llegar hasta el
Tribunal Supremo, está en su derecho». Escalas agregó que «el PP se
siente legitimado porque a pesar de cometer este tipo de
ilegalidades el pueblo les ha ratificado en las pasadas
elecciones». «Mi opinión es que el Ajuntament está tirando el
dinero; el Supremo dirá la última palabra».
Joan Juan Pons, en representación del PSM, considera que la
última sentencia les da una razón por la que lucharon desde un
principio: «Esto debería dar pie a que el Ajuntament deje de
interponer recursos que siempre pierde y acate la sentencia, porque
en lugar de velar por los intereses de los promotores debería
cumplir la ley». Sebastià Roig, ex alcalde del PP y que ha formado
el nuevo partido Convergència Campanera, dice que «las licencias se
dieron correctamente y que el Ajuntament debe recurrir hasta el
final».
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