El director general de Coordinació Turística del Govern, Jaume
Garau, negó ayer todas las acusaciones realizadas por el alcalde de
Santa Margalida, Antoni del Olmo, sobre un presunto desajuste en
las cifras de compra-venta de los apartamentos de na Borges en Son
Serra de Marina.
Del Olmo aseguró el lunes que en una reunión celebrada en la
Conselleria de Turisme con Jaume Garau y con el propietario de los
apartamentos de na Borges, este último habló de vender la finca por
800.000 euros menos de los que finalmente pagó el Govern.
Jaume Garau dijo ayer: «Lo que dice el alcalde es falso en todos
sus términos y él sabrá porqué lo ha hecho».
Garau no quiso entrar en detalles sobre si en aquella reunión se
habló o no de cifras y se limitó a afirmar que «lo que dice el
alcalde es falso».
Sobre la posibilidad revelada por un regidor de UM de que 800
metros cuadrados de los 3.900 que tiene la finca sean de
titularidad municipal, Garau señaló: «Reiteramos que la valoración
de los solares se ha hecho con la documentación enviada
oficialmente por Ajuntament y por Costas».
El Govern todavía espera que el Ajuntament documente la
certificación que envió a la Conselleria de Turisme y sobre la que
se basó la valoración de la finca. «De momento, el Ajuntament no ha
enviado nada, seguimos a la espera e insistiremos», dijo Garau.
Acerca de la creación de una comisión de investigación para
aclarar la actuación del Ajuntament la Vila Garau dijo: «Es un tema
municipal, aunque me parece bien que se abra y se aclare todo lo
que haya que aclarar».
La abstención de los dos regidores de UM, Joan Monjo y Jaume
Ribot, no permitió que prosperara la moción de urgencia presentada
por el PSOE en el último pleno en la cual se pedía que la sanción
impuesta al GOB por la Delegación del Gobierno por la protesta
contra la regeneración artificial de la playa de Can Picafort sea
asumida por las arcas municipales. Esta es la segunda ocasión en la
que la abstención de UM impide que se apruebe esta moción que
cuenta con el visto bueno del concejal disidente de CPU, Joan
Canet.
Durante el debate de la última sesión plenaria, el regidor Jaume
Ribot (UM) argumentó: «Dudamos de la legalidad de que el Ajuntament
pueda asumir esta sanción impuesta a otro grupo».
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