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PATRICIO CANDIA/J.R.
El fiscal de Medio Ambiente de Balears, Adrián Salazar, presentó ayer en los juzgados de Palma una denuncia formulada por la Conselleria de Medi Ambient por un supuesto delito ecológico en ses Barraques (Calvià), que afecta a unos 200.000 metros cuadrados de zona protegida por la Ley de Espacios Naturales (LEN). La denuncia está apoyada en un informe de varios folios acompañados por fotografías del lugar que, supuestamente, certifican vertidos incontrolados de materiales de construcción y demolición en el lugar, de materias contaminantes no inertes, así como movimientos de tierra realizados sin contar con la preceptiva licencia.

El supuesto delito ecológico es imputado al empresario Bartolomé Quetglas y a la empresa Motecal SL. También se pide que en el desarrollo del proceso preste declaración el propietario de los terrenos, Manuel Rosiñol. Esta zona está afectada por la Ley de Espacios Naturales (LEN) del Govern balear con la categoría de Àrea Natural de Especial Interés (ANEI) y también forma parte del Bien de Interés Cultural (BIC) que es la Serra de Tramuntana. Ambas figuras prohíben expresamente la creación de vertederos al tratarse de un lugar de gran valor paisajístico.

Dada la vasta extensión de terreno objeto de vertidos y de los extensos movimientos de tierra (realizados, al parecer, con el objetivo de disimular las materias allí depositadas), es probable que se trate de una de las mayores agresiones al medio ambiente cometidas en los últimos tiempos en Balears. La denuncia formulada por el Govern refleja indicios de contaminación en la zona provocada por el vertido incontrolado de materiales, que se vienen realizando sin licencia ni autorización expresa alguna. La Conselleria de Medi Ambient realizó un seguimiento exhaustivo de la zona, por tierra y aire, durante meses con el objetivo de recoger el mayor número de pruebas posibles. De hecho, la denuncia recoge fotografías a color tomadas desde un avioneta o helicóptero que revelan la existencia de supuestas irregularidades, cuyo alcance exacto debe determinar la investigación judicial.