El complejo lleva varios años de polémica.

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El polémico cámping de la Colònia de Sant Pere (Artà) podría ser clausurado por su presunta ilegalidad y incluso ser derribado obedeciendo al acuerdo del Govern de abril de 2003, en el cual se acordó el cierre del cámping por haber instalado unos 90 bungalows de construcción de nueva planta, los cuales vulneran la normativa que regula los cámpings. Ahora, la Comissió Insular d'Urbanisme del Consell de Mallorca, rechaza las alegaciones de los propietarios del cámping y propone una multa de 937.906'69 euros. Aunque el anterior Ejecutivo autonómico impuso una multa de 60.000 euros a la propiedad y ordenó su clausura definitiva, a día de hoy el establecimiento continúa abierto porque los acuerdos fueron recurridos por los infractores.

A todo este conjunto de multas que recaen sobre el cámping, también se tienen que añadir las denuncias de los vecinos, más de un treintena, que exigen el cierre del establecimiento vacacional ya que «producen una contaminación acústica brutal, así como un mal uso del aparcamiento del cámping y, en definitiva, la construcción de unas casetas dentro de una zona de protección paisajística del Parc Natural de Llevant», manifestó Pep Lluís Riche en nombre de los afectados.

Exigiendo el cierre definitivo del cámping de la Colònia, a portavoz del grupo de consellers de EU-EV, Margalida Rosselló, acompañada de Marilena Tugores y el regidor de Artà Julén Adrián, se trasladaron ayer hasta el cámping para volver a denunciar la obra presuntamente ilegal. Paralelamente al expediente de infracción urbanística, el Consell tramita el expediente de demolición de las edificaciones ilegales. A la propuesta de resolución del Consell se constata que se construyeron «diversas instalaciones sin disponer de las correspodientes licencias de obras y sin ajustarse al único permiso urbanístico para la obra provisional».