La orden de cierre que ha dictado el Tribunal Superior de Justicia
de Balears (TSJB) contra la fábrica de hormigón Son Figuerola
afectará a más de cincuenta familias y empresas auxiliares del
sector de la construcción. Antes del próximo viernes, los
responsables de la empresa presentarán en el Ajuntament de Lloseta
las alegaciones que consideren oportunas contra esta decisión que
el alcalde Bernat Coll deberá resolver.
El secretario de industria de Pimen, Carlos Miranda, de la que
es asociada la planta de Son Figuerola, aseguró ayer que «la
ejecución provisional de cierre afectará a más de cincuenta
familias y a otras empresas auxiliares del sector, lo que supone
algo irreparable». Carlos Miranda entiende que «esto es una batalla
comercial por el monopolio del cemento de la Isla que está liderado
por la Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón
Preparado (Anefhop) que defiende los intereses de una de sus
empresas asociadas».
Miranda, en representación de la empresa, explica que la
actuación del Ajuntament, que el pasado viernes notificó la orden
de clausura, ha sido correcta al ejecutar la sentencia. La empresa
acata la sentencia pero no está de acuerdo en algunos términos:
«Entendemos que se tendría que haber dictado sentencia y dejar el
caso a la audiencia superior para que dirimiera el litigio»,
especificó.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.