El equipo de gobierno del Ajuntament d'Alaró (PSOE y UM) estudia
introducir una serie de modificaciones en las Normas Subsidiarias
de 2003, que durante la anterior legislatura PSM y PP redactaron.
Uno de los cambios afecta a los propietarios de la empresa Bastida
que ahora reclaman al Ajuntament una indemnización de 420.708,47
euros (70 millones de las antiguas pesetas) por el incumplimiento,
según los propietarios, de un convenio urbanístico.
En el convenio, los propietarios de la empresa Bastida se
comprometieron a ceder al Ajuntament una finca para abrir un nuevo
vial en el Camí de Vela a cambio de que el Ajuntament recalificase
unos terrenos rústicos de su propiedad como suelo urbano. El
alcalde Miquel Deyà (PSOE) explicó: «PP y PSM incumplieron este
convenio calificando estos terrenos como zona de equipamiento para
aparcamientos y ahora quiero quitar este contencioso». Asimismo,
señaló que «empezaremos a trabajar en este sentido cuando
dispongamos de más suelo para crecer».
Durante la anterior legislatura, el Ajuntament decidió
personarse en este contencioso al entender que era un convenio
lesivo ya que al resto de propietarios del camino se les
expropiaban sus terrenos. Otro cambio de uso que quiere introducir
el equipo de gobierno en el planeamiento urbanístico es el que
afecta al patio de Cas Vicari, situado cerca del Salón parroquial,
propiedad de la parroquia y que en las NNSS está contemplado como
equipamiento sociocultural.
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