CATERINA VENY18/01/04 0:00
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Los reiterados conflictos sobre la titularidad de muchos caminos públicos que constituyen la red municipal de Manacor, y que se estima que alcanza los 160 kilómetros de longitud, pero también la presencia de barreras y otros elementos que impiden el acceso público y la falta de vigilancia en estos senderos, ha desembocado en la degradación o hasta en la desaparición de cientos de estos caminos públicos del municipio. Este deficiente estado de conservación de muchos caminos públicos y el incumplimiento, pese a la aprobación en 2001 del catálogo de caminos, han sido los motivos esgrimidos por el grupo municipal socialista para exigir el «restablecimiento» del uso público de los senderos catalogados y además, que éstos sean incluidos en el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU).

Así es como lo ha expresado la regidora socialista, Júlia Roman, que a través de una moción presentada al Ajuntament exige una propuesta de acuerdo con el gobierno popular del alcalde Antoni Pastor, consistente en «diseñar un programa de mantenimiento y vigilancia de los caminos públicos, sin olvidar la revisión del catálogo de caminos para su actualización». Pero la edil no se para ahí y reclama el «restablecimiento» del uso público de los caminos catalogados y con el objetivo de garantizar su carácter normativo, su inclusión en el tan anhelado PGOU.

De todos modos, el mal estado de algunos caminos tan populares como el de los Presos, Es Rafalet o los caminos de acceso a las calas vírgenes, como Cala Varques, ha sido denunciado por diferentes colectivos ciudadanos preocupados por su progresiva degradación y hasta olvido-muchos de ellos son ahora intransitables- y por los atentados contra la propiedad pública de los senderos. El ejemplo más polémico del conflicto de los caminos públicos en el municipio de Manacor ha sido el de la finca de Es Fangar, cuyo propietario alemán compró por 17.000 euros las guías que había publicado el Ajuntament para divulgar las rutas alternativas.