El delegado del Gobierno, Ramon Socias, ha enviado un informe al
Ministerio del Interior en el que pide que se reconsideren las
multas impuestas en su día a los 13 manifestantes que participaron
en el polémico pleno de Costitx en contra de la autovía
Inca-Manacor. En su informe, el delegado asegura que en ningún caso
pueden considerarse faltas graves, penadas con 3.000 euros, sino
faltas leves que en su caso se resolverían con una multa de entre
150 y 300 euros.
El informe también señala la posibilidad de que estas multas se
anulen ya que se produjeron una serie de defectos en el trámite
administrativo. Se señala, por ejemplo, que la Guardia Civil, en el
atestado, señalaba que se trataba de una falta leve, pero el
delegado del Gobierno decidió calificarlas de oficio como grave. En
un primer momento, las sanciones ascendían a 6.000 euros, cantidad
que fue rebajada después a 3.000 euros.
El informe del delegado del Gobierno no ha sido fortuito, sino
que responde a la larga tramitación administrativa que están
protagonizando estas sanciones. El informe es consecuencia de una
acción previa del anterior representante del Ejecutivo en las
urnas, Miquel Ramis. El ex delegado de Gobierno firmó la propuesta
definitiva de sanciones de 3.000 euros tan sólo unos días después
de que el PSOE, con José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza,
ganara las elecciones generales del pasado mes de marzo.
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