Con esta resolución queda agotada la vía administrativa y sólo es
susceptible de ser apelada a través de los tribunales de
Justicia.
En una nota emitida ayer, la Delegación del Gobierno explica que
el Ministerio del Interior ha estimado parcialmente el recurso de
alzada presentado por los representantes legales de los
expedientados (los servicios jurídicos del GOB) y el informe
presentado por el nuevo delegado del Gobierno en Balears, Ramon
Socías.
El Ministerio del Interior confirma la existencia de una falta
leve por desobediencia a los agentes de la autoridad (Guardia
Civil), que debe ser sancionada con 150 euros, mientras que la
sanción por ocupar el hall del Ajuntament y retener a los miembros
de la Corporación, incluida la alcaldesa Maria Antònia Munar, la
rebaja de grave a leve, imponiendo también una sanción de 150
euros.
Aunque el Ministerio del Interior se basa en que «los propios
miembros de la Guardia Civil presentes en aquellos acontecimientos
los calificaron como leves», no acepta al mismo tiempo que
existiesen «vicios de procedimiento» en la tramitación de los
expedientes, y anula consecuentemente las sanciones.
El anterior delegado de Gobierno, Miquel Ramis, propuso
inicialmente una sanción de 6.000 euros para cada uno de los
expedientes al entender que los implicados habían cometido dos
faltas graves.
Posteriormente, Ramis redujo la propuesta de sanción de 6.000 a
3.100 euros y firmó su resolución definitiva días antes de las
elecciones generales del pasado mes de marzo.
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