El motivo argüido por los alcaldes es que la Mancomunitat «ha
perdido la filosofía con la que nació que es reducir el coste de
los servicios de los municipios», pero ahora «es todo lo contrario,
nos supone un gasto enorme», porque «se han creado unos servicios
que no corresponden a la Mancomunitat». Como ejemplo, los alcaldes
ponen la contratación de psicólogos o educadores de calle y el
mantenimiento de toda la infraestructura de la sede en Petra. A
todo esto, hay que añadir el «mal servicio de recogida de residuos»
que realiza la empresa Ferroser.
El presidente de la Mancomunitat y alcalde de Llubí, Tomas
Campaner (PP), dijo que plantear una disolución «es muy fuerte»,
aunque reconoció que «hay que hacer una reestructuración a fondo».
Sobre si la Mancomunitat ocasiona gastos, Campaner no dudó: «Sí,
sobre todo a los municipios pequeños». El alcalde de Sencelles,
Antoni Ferrer, también del PP, manifestó que «no estoy satisfecho
con el funcionamiento de la Mancomunitat. Los últimos años ha ido a
la deriva. La disolución sería una posibilidad a estudiar».
Igualmente, el alcalde de Porreres, Joan Sastre (UM), admite que
«tenemos que estudiar y replantear todos los servicios de la
Mancomunitat». «Tenemos que sentarnos a hablar porque es evidente
que la Mancomunitat sale muy cara a los pueblos», comenta Sastre.
Por su parte, el alcalde de Santa Eugènia, Mateu Crespí (PSM),
sostiene que «si la Mancomunitat no reduce los gastos en los
municipios más pequeños, no tiene razón de ser». En cualquier caso,
Crespí aboga por «razonar con los números en la mano» y defiende la
figura de la Mancomunitat por su «función política y de defensa de
los ciudadanos del Pla. Sólo por este motivo debería
mantenerse».
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