JOSEP ROSSELLÓ/J.F.M.14/01/05 0:00
TW
0

El Tribunal Superior de Justicia de Balears ha desestimado un recurso presentado por el Partido Popular de Calvià, cuando estaba en la oposición, contra un decreto de la Alcaldía por el que se seleccionó a una empresa para prestar una asistencia técnica al equipo de gobierno para promover la cohesión social en el municipio. Se da la circunstancia que el recurso ante los tribunales fue defendido por el actual alcalde, Carlos Delgado, en su condición de abogado. El tribunal de lo contencioso ha desestimado la propuesta del PP de que se declarara nulo el decreto por el que se seleccionó a la empresa Labour Asociados Consultoría Social, Laboral e Internacional. Esta fue la única empresa que se presentó al concurso público que convocó el Ayuntamiento.

Este contrato surgió a instancia de la concejalía de Desarrollo Sociocultural y Participación Ciudadana. El teniente de alcalde pidió que, a modo de urgencia, se contratara un servicio de asistencia técnica al equipo de gobierno para que se promoviera en Calvià «la cohesión social, a través de medidas de promoción de empleo estable, que se desarrollara un sistema integrado de gestión del conocimiento como instrumento de creación de valor económico y social, y la implantación de medidas de garantía ciudadana que promuevan la distribución equitativa de las rentas intangibles».

Desde 2000 a 2002, la Alcaldía, presidida por Nájera, firmó varios decretos que daban cobertura legal a los trabajos que realizó esta empresa de asesoría. El Partido Popular decidió acudir a los tribunales al entender que los trabajos que se solicitaron a esta empresa de asesoría se habían aprobado de una forma irregular. La oposición sostenía que los contratos no indicaban el presupuesto para realizar estos estudios. También se denunció que no había motivos para que este expediente se tramitara de forma urgente, que no se había anunciado el concurso en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y que no se justificaba que el Ajuntament contratara una empresa externa para realizar estos estudios, alegando que el Consistorio no tenía medios propios para ello.

El Tribunal Superior ha ido analizando punto por punto todos los motivos por los que el Partido Popular reclamaba la nulidad de la contratación de la empresa Labour. En este sentido, los jueces entienden que, aunque pueden existen algunos fallos administrativos en el proceso de adjudicación de este contrato, ninguno de ellos puede considerarse que fuera irregular y, por tanto, no hay motivos para declarar que es ilegal.