Calvià

La auditoría del Ajuntament de Calvià no encuentra irregularidades en la gestión de Nájera

El equipo de gobierno, formado por PP-UM, encargó tras acceder al Consistorio un diagnóstico económico

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El Ajuntament en pleno rechazó que el Tribunal de Cuentas fiscalizase la gestión económica de años anteriores.

El Ajuntament en pleno rechazó que el Tribunal de Cuentas fiscalizase la gestión económica de años anteriores.

El Consistorio, según ha podido saber este diario, tiene en su poder desde hace varias semanas el informe definitivo de la auditoría, aunque todavía no lo ha hecho público. El diagnóstico económico no ha encontrado ninguna irregularidad significativa ni en las cuentas ni en la gestión de la etapa socialista; sólo anomalías administrativas sin transcendencia en el áreas de contratación. La auditoría confirma que la deuda municipal, a principios de la legislatura pasada (mayo de 2003), ascendía a 182 millones de euros (31.000 millones de las antiguas pesetas). De esta cantidad, 118 millones correspondían a deuda a largo plazo, incluyendo el endeudamiento al Pla Mirall (52 millones) y también la deuda de la empresa Calvià 2000 (4,2 millones). La deuda a corto plazo era de 22 millones y 42 millones se debía a proveedores.

La contratación de una auditoría de gestión y revisión del estado financiero del Ajuntament fue adjudicada por procedimiento negociado hace ahora un año a KPMG Consultores por un importe de 20.000 euros y tenía que estar realizada en dos meses. El informe de la tesorería se ha realizado sobre un 40% de facturas seleccionadas por el Ajuntament y un 60% de facturas y expedientes de contratación escogidas al azar.

Cabe recordar que en el aquel momento, justo antes de encargar la auditoría, el alcalde presentó una denuncia contra Nájera ante la Fiscalía por presunta malversación continuada de fondos, causa que no fue admitida a trámite. El PSOE propuso una moción para que el Tribunal de Cuentas realizara una fiscalización extraordinaria de 2002 y años anteriores «ante las acusaciones infundadas», pero el pleno no lo aprobó y optó por la auditoría.

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