Manacor

Falta de acuerdo en el TAMIB entre CC OO y los trabajadores denunciados de Majórica

La demanda interpuesta por el sindicato sobre una revocación «ilegal» del comité de fábrica pasa ahora al Juzgado de lo Social

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Falta de acuerdo. Esta fue la resolución del acta de conciliación que ayer se celebró en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Balears (TAMIB), que tenía como objetivo llegar a un acuerdo entre la parte demandante, el sindicato de Comisiones Obreras y la demandada, los casi 90 trabajadores de Majorica y el sindicato de UGT, por la revocación del comité de fábrica de perlas. Dicha revocación, que según CCOO «es a todas luces ilegal», se llevó a cabo el pasado mes de diciembre y ahora, el sindicato demanda indemnizaciones de entre 12.000 y 18.000 euros a los obreros que supuestamente forzaron la revocación de un comité con mayoría de CCOO. Pese a que el acto de conciliación duró toda la mañana, no se llegó a ningún acuerdo y ahora la demanda pasa al juzgado de lo social.

Los trabajadores demandados, que ayer partieron todos juntos en autobús hacia Palma mostrando pancartas en contra de la demanda de CCOO, se opusieron al contenido de la denuncia y se ratificaron en la revocación del comité. Además, exigieron indemnizaciones por valor de 44.000 euros, la misma cantidad que les reclama CCOO, por «atentar al honor y a la imagen» de los obreros demandados. UGT, por su parte, también se opuso a la demanda al considerar que la revocación fue legítima. La revocación se produjo en un momento de crispación colectiva que derivó en una huelga parcial y varias manifestaciones para exigir más información sobre el expediente de regulación de empleo.

El sindicato de CCOO sigue manifestando, en palabras de Baltasar Piñeiro, que la revocación fue una «ilegalidad y de hecho, tenemos todas las garantías de ganar el juicio». Según CCOO, «la única vía para anular aquello que para nosotros es una ilegalidad, es interponiendo la denuncia contra los trabajadores que en su momento, instigaron la revocación del comité», asegura Piñeiro. Ahora el juez tendrá que dictaminar si la revocación es ilegal o no.

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