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Los grupos municipales del Ajuntament d'Inca aprobaron ayer por unanimidad la propuesta del PSM de crear una comisión de investigación sobre el servicio de recogida de residuos en suelo rústico del municipio. La creación de esta comisión responde a las «sospechas» del PSM, que asegura entre otros aspectos que se están produciendo desfases en las cantidades de residuos recogidas que la empresa concesionaria presenta en las facturas por este servicio. Cabe recordar que la empresa cobra en función de las toneladas de residuos recogidas, a diferencia de en otros municipios donde cobra una cantidad fija por el servicio.

La mayoría de gobierno del PP, que tenía en su mano la creación de la comisión, apoyó la propuesta del PSM. «No sólo eso, sino que la proponemos a usted (la portavoz del PSM, Xisca Vives) como presidenta de la comisión, y que haya un vocal de cada grupo municipal, con lo que estaremos en minoría», dijo el teniente de alcalde, Bartomeu Seguí. A pesar de ello, Seguí criticó que el PSM «ya haya convertido sus sospechas en acusaciones». El teniente de alcalde de Servicios, Joan Rubert, tal y como había manifestado a este diario, reconoció que el Ajuntament no paga desde hace más de cuatro meses a la empresa «porque hay una problemática con unos errores de cálculo», dijo textualmente.

Por su parte, el gerente de la empresa concesionaria (Cepsa), Ignacio García-Moya, estuvo ayer presente en el pleno. Al acabar, manifestó que «la empresa estudiará acciones legales por todas las acusaciones que se han vertido contra ella». Aún así, aseguró que «estoy contento de que se cree la comisión ya que así aportaremos toda la información, y espero que una vez que se aclare todo, algunos reconozcan sus errores y pidan disculpas». Sobre las manifestaciones de Joan Rubert dijo: «Las diferencias que hay entre nosotros es que las cantidades que hay en algunos albaranes que presentamos no coinciden con las que Tirme envía luego al Ajuntament, nos tenemos que reunir para aclarar el asunto».