La Delegación del Gobierno no observó ninguna ilegalidad en la actuación de Jaume Sastre

Según ha podido saber este periódico, el informe que Delegación del Gobierno ha remitido al Ministerio de Medio Ambiente explica que el Lobby desconvocó la manifestación lúdica prevista para el día 11 de agosto, tal como se le había exigido. Y aclara que cuando tres miembros del Lobby acudieron a la Costa dels Pins con periodistas y un notario, los posteriores días 14 y 25, no se originó ninguna situación de fuerza ni de violencia. De hecho, fue un agente de la Guardia civil quien, por orden telefónica de sus superiores, sugirió a Sastre que denunciara la obstrucción del paso ejercida por los guardas jurados de Ramírez si lo creía oportuno. Sastre, entonces, acudió a la Comandancia de Artà y días después pidió a un notario que levantara acta de la situación.

El informe explica también las gestiones que la Delegación del Gobierno realizó con la alta administración del Estado para determinar el papel de la Guardia Civil en este asunto. El Lobby exhibió los papeles de la concesión otorgada por el Ministerio el año 2001 que legaliza la piscina y el solarium, y que establece el uso «general, público y gratuito». Se decidió, sin embargo, que los agentes no eran competentes para autorizar a los miembros del Lobby a penetrar en el recinto, sino que el litigio debía resolverlo Demarcación de Costas, lo que el Lobby acató.

Delegación del Gobierno explica que, al tratarse Ramírez de una persona amenazada por ETA, existe un riesgo cierto de que la gente se acerque hasta su vivienda si se permite pasar cerca de la piscina, lo que se evitaría, por ejemplo, con un muro que separara ambas construcciones.

A causa de la pasividad de la Demarcación de Costas para actuar en este caso, el Lobby presentó un recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia, que ha sido admitido a trámite.