B. PICORNELL23/03/05 0:00
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El mes de febrero, Pedro J. Ramírez pidió, sin éxito, al ministerio de Medio Ambiente que arreglara la situación de su piscina antes de las vacaciones de Pascua, según informó el lunes la cadena Ser. En el escrito de alegaciones que el director de «El Mundo» ha presentado ante las demandas contra la situación legal de su piscina, Pedro J. reconoce que la concesión hecha por Jaume Matas a la viuda de Joaquin Calvo Sotelo establece que ésta es de uso público y gratuito. No obstante, y por «razones de seguridad», el editor pide que la piscina, legalizada en contra del informe de Demarcación de Costas, pase a ser de uso privado. Pedro J. se siente víctima de una persecución personal por parte de un grupo de «fanáticos independentistas». Las amenazas baleares a las que tiene que hacer frente son un contencioso administrativo presentado por Jaume Sastre y un recurso contra la concesión que el GOB presentó a Costas. Además de estas dos organizaciones, han reivindicado de manera directa el derecho de paso en dominio pública IU-Els Verdes, ERC y el PSIB-PSOE en Son Servera.

El hombre que se enfrentó al terrorismo de Estado asegura que está amenazado por ETA, motivo que exhibe para reclamar la limitación del derecho de paso frente a la piscina. Relata, además, que el delegado del Gobierno, Ramon Socías, y el coronel de la Guardia Civil, dan apoyo a esta hipótesis. Los hechos son, sin embargo, que la Delegación del Gobierno, no prohibió el verano pasado la manifestación del Lobby por motivos de seguridad, sino para defender el derecho a la intimidad de la familia del periodista, según consta en un informe remitido por Ramon Socías al Ministerio de Medio Ambiente. En este mismo texto puede leerse que, si hubiera una separación entre la casa y la piscina, los hipotéticos peligros de incursiones desaraparecerían.

Por otra parte, el informe firmado por Socías, mantiene que Sastre y los otros representantes del Lobby, mantuvieron el verano pasado una actitud respetuosa con la legalidad vigente y acataron las recomendaciones de las fuerzas de seguridad. Así mismo, fuentes de la Delegación, han informado de que, antes de agosto de 2004, el editor nunca había pedido protección a las autoridades de Balears. Sin desvelar sus nombres, Ramírez invoca cuatro altas autoridades del Estado, de rango superior al de Ramon Socías, que estarían dispuestas a declarar en su favor.