El derribo de los cuatro chalets de Llucalcari podría hacerse
efectivo en un plazo de dos años si se siguen todos los plazos
legales para su ejecución. José Manuel Carrillo, abogado que
representa al Ajuntament de Deià, ha explicado a este diario que,
siguiendo la vía ordinaria, realizar la demolición y devolver la
zona a su estado original «es una labor compleja y llevará su
tiempo».
De hecho, se tiene que realizar un proyecto de demolición de
cada uno de los chalets y deben ser aprobados por el Consell de
Mallorca. «Además, al ser casas catalogadas el proceso es más
complejo. El Consell Consultiu también ha de estudiar el derribo;
es obvio que la sentencia no puede cumplirse en dos meses». El
letrado también destacó que la maquinaria no podrá entrar hasta
cada uno de los chalets, por lo que el derribo se realizará
desmontando las edificaciones.
A pesar de todos los trámites, «la sentencia ha de cumplirse»,
subrayó Carrillo, quien precisó que, aunque el Ajuntament de Deià
ejecute la demolición, han de depurarse responsabilidades. A juicio
del abogado, «evidentemente la responsable máxima es la Conselleria
d'Educació i Cultura, que entonces tenía las competencias de
patrimonio».
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