Pedro Aguiló Mora09/04/05 0:00
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PEDRO AGUILÓ MORA
Los representantes legales de los propietarios de los cuatro chalets de Llucalcari sentenciados a piqueta mostraron ayer su total disconformidad con la resolución del Tribunal Supremo y advirtieron de que el impacto ambiental que ocasionará el derrumbe de las viviendas será «más grave» que el que actualmente representa su presencia en las montañas del municipio deianenc. Asimismo, Jaime Lamas y Carlos Pipino señalaron que, de ejecutarse la sentencia del Supremo, la Administración que se haga cargo del derribo de las casas y del pago de las indemnizaciones (sea ésta municipal o insular) deberá desembolsar entre 18 y 20 millones de euros. Ambos apuntaron que este montante obedece a las complicadas tareas de desmonte de las casas y al pago de las correspondientes compensaciones económicas a los cuatro vecinos afectados.

Y es que según señaló Pipino, el alto coste de los derribos viene dado, en primer lugar, a que las abruptas características del terreno no permitirán el concurso de excavadoras y el derrumbe deberá hacerse de forma manual. Además, sus representados no aceptarán de buenas a primeras una simple indemnización por daños y perjuicios a menos que ésta se entienda como el valor de reposición de sus propiedades.

Por otra parte, los letrados entienden que la sentencia del Supremo, que tiene su génesis en una denuncia del GOB, supone un agravio comparativo debido a que en la misma zona existen unas 200 casas libres de cargas que, como las de Llucalcari, fueron asentadas sobre un bancal previamente transformado en explanada. Una modificación, cabe recordar, que en su momento contó con la bendición del Ajuntament de Deià y del Consell de Mallorca. Lamas y Pipino no descartan presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.