El Ajuntament de Deià ha comenzado a realizar gestiones para acatar
el derribo de las casas de Llucalcari ordenado por el Tribunal
Supremo. Jaume Crespí, alcalde del municipio, es consciente de que
el fallo judicial se tiene que cumplir, pero el Ajuntament no puede
asumir el coste de las demoliciones. Una de las primeras reuniones
que ha mantenido el alcalde Crespí ha sido con el presidente del
Govern, Jaume Matas, quien quiso «tranquilizar» al Ajuntament.
Matas, según Crespí, también tiene claro que la responsabilidad del
derribo no es exclusiva del Consistorio, puesto que éste dio
licencia para la construcción de los chalés con la autorización de
la Comisión Provincial de Patrimonio.
Matas no adquirió un compromiso formal, aunque sí seguirá
analizando la cuestión una vez que se redacte un informe jurídico
que ha encargado el Govern. El Ajuntament de Deià también está
pendiente de otros informes jurídicos que determinarán hasta dónde
es responsable el Consistorio de la demolición de los cuatro
chalets ilegales. Otro de los contactos realizados por ebatle de
Deià es con responsables de la Conselleria d'Obres Públiques.
«Todos coinciden en que el Ajuntament dio la licencia porque tenía
la autorización de Patrimonio».
«El Ajuntament es el menos culpable de toda esta situación»,
insistió Crespí. Todas las gestiones realizadas han sido con el
Govern de les Illes. En cambio, con el Consell de Mallorca, que
actualmente tiene las competencias de Patrimonio, no ha habido
ningún contacto. Ni el Consell se interesado por la situación de
las casas de Llucalcari ni el Ajuntament ha requerido todavía su
ayuda.
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