El Tribunal Supremo ha dado la razón al grupo mayoritario en la
oposición en el Ajuntament de Manacor, ALM-UM, cuando denunció que
la convocatoria del pleno de los presupuestos de 2003 era «ilegal».
El Supremo ha estimado el recurso de apelación del grupo liderado
por Miquel Riera, que denunció el mes de febrero de 2003 que el
decreto de Alcaldía que convocaba el pleno extraordinario de los
presupuestos municipales el 30 de diciembre de 2003, era ilegal.
Según ALM-UM, el decreto vulneraba los «derechos fundamentales de
los grupos políticos puesto que les impide participar en los
asuntos públicos municipales».
En aquella ocasión, cuando el alcalde firmó el decreto de la
convocatoria del pleno, ALM-UM recurrió la decisión alegando que no
se cumplía la ley 7/85. Esto es que el pleno se convocara como
mínimo con dos días hábiles de antelación y que los regidores
dispusieran en la secretaria de toda la documentación en los
asuntos de la orden del día. Ahora, la justicia ha dado por buenos
los argumentos denunciados y ha fallado que estima el recurso de
apelación y ordena al TSJB «proseguir las actuaciones de acuerdo
con el procedimiento para la protección de los derechos
fundamentales».
El portavoz de ALM-UM, Miquel Riera, ha afirmado que «nosotros
ya advertimos en reiteradas ocasiones que la convocatoria de este
pleno era ilegal y a que no daba a los grupos de la oposición el
tiempo reglamentario para poder consultar la documentación». Riera
también ha señalado que «éste es sólo uno de tantos ejemplos que
demuestran el poco interés del equipo de gobierno de dar
participación a los grupos de la oposición. No admiten ningún tipo
de control ni colaboración por parte de los grupos de la
oposición».
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