En su denuncia, Rabasco solicita «como acción pública y derecho de
petición que con carácter de urgencia proceda al precinto cautelar
y hasta su legalización definitiva de la actividad que viene
desarrollándose en la nave referenciada». Y advierte a la alcaldesa
nacionalista que «si en el plazo de diez días, tiempo más que
apropiado, no ha decidido decretar por ser ilegales el precinto de
las actividades llevadas a cabo en la nave, se procederá a ponerlo
en conocimiento de la autoridad judicial competente».
El pasado día 31 de mayo, Rabasco se personó en el Ajuntament y
se interesó por la situación legal de esta industria, propiedad de
la empresa Rey Sol SA, que edita la edición local del diario «El
Mundo». Diez días después la alcaldesa firmó un oficio que explica
que el Consistorio concedió una licencia en 2001 a Omniprint para
«construir una nave industrial sin uso determinado» y que, en este
momento, «no consta en estas dependencias municipales la concesión
de ninguna licencia de instalación ni, en consecuencia, la de
apertura de ninguna actividad en esta parcela».
Fuentes jurídicas consultadas por este periódico han asegurado
que, ley en mano, la alcaldesa debe proceder al cierre inmediato de
la instalación. En caso contrario, Rosa Vich debe argumentar un
criterio de excepcionalidad, como el interés general o el
irreparable mal causado, ante el que cabría recurso
contencioso-administrativo ante los tribunales.
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