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A.B/J.S
Una vez que finalizó la convocatoria para reivindicar el derecho de paso por la zona pública marítimo-terrestre, los convocantes decidieron dirigirse al cuartel de la Guardia Civil de Artà, para denunciar los hechos, y por el centro sanitario de esa localidad, para que el médico de guardia firmara un parte de lesiones que adjuntaron a la denuncia.

Sin embargo, y a un kilómetro del lugar de la concentración, se situaron dos controles de la Guardia Civil, que exigieron identificaciones y anotaron las matrículas de los vehículos que circulaban por la avenida. Puig, que fue una de las personas identificadas, mostró su indignación: «No están donde deberían haber estado. Es incomprensible que ahora nos paren para pedirnos la documentación, cuando deberían haber estado en el lugar de los hechos».

Así, la rueda de prensa celebrada por la mañana se saldó con las denuncias interpuestas por Pep Martí, que terminó en el hospital de Manacor con dos costillas rotas. «Intentaba pasar y me ha sido imposible. Incluso me han amenazado con la porra». También acabaron con lesiones el regidor independiente de Binissalem, Pere Pol, el portavoz de GADMA Bernat Fiol y el portavoz del Lobby per la Independència, Jaume Sastre. Todos ellos interpusieron denuncia contra la empresa Mevisa y contra Pedro J. Ramírez por «agresiones físicas».

También los representantes de los partidos políticos tenían previsto denunciar los hechos.

«Nos han impedido el paso, además nos han amenazado y coaccionado» expresaba Conxi Peña que mostraba su indignación ante la situación acaecida. «Han actuado bajo la prepotencia», añadía Maria Orts y «ello debe ser denunciado».

Los concentrados no daban crédito a la «actuación represiva y violenta de los escoltas de Pedro J. Ramírez cuando lo único que pretendíamos era comprobar que estábamos en nuestro derecho de ejercer la servitud de paso».

Fuentes no confirmadas aseguraban que guardias de seguridad de Pedro J. Ramírez podrían haber acudido al centro médico de Son Servera para recibir un parte por lesiones.

Según la agencia Europa Press, que recoge fuentes cercanas a Ramírez, su intención es interponer una denuncia contra dirigentes políticos y representantes de los colectivos allí congregados.

Sanciones
Por otra parte la Delegación del Gobierno informó de que ha abierto un expediente para sancionar a los responsables de los incidentes registrados. Un portavoz informó que la Guardia Civil ha presentado denuncia contra algunas de las personas que habrían asaltado el entorno de la piscina del periodista y subrayó que la Delegación actuará para sancionar a los responsables.