Imagen de la reunión celebrada ayer en la sede de la Federación Socialista de Mallorca. Foto: P.A.M

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La Federación Socialista de Mallorca (FSM) acusó ayer a la cúpula del PP balear de urdir una trama «para legalizar unas edificaciones ilegales del alcalde de ses Salines», Sebastià Vidal, y, en consecuencia, anunció que exigirá explicaciones al president del Govern y del PP en las Islas, Jaume Matas.

La secretaria general de la FSM, Francina Armengol, y el portavoz del PSOE en el Ajuntament de ses Salines, Sebastià Burguera, ofrecieron ayer una rueda de prensa tras asistir, junto al líder del PSIB-PSOE, Francesc Antich, a una reunión convocada con carácter urgente y extraordinario con los portavoces socialistas de los municipios gobernados por los populares Pere Rotger, Miquel Vidal, Antoni Serra, Catalina Soler, Andreu Prohens, Lluc Tomàs, Joan Jaume, Antoni del Olmo, Gabriel Matas y Joan Rotger. Los mismos alcaldes que, según Armengol, fueron «obligados» por la dirección balear de su partido a redactar y firmar los polémicos informes que contribuyeron a certificar el presunto interés general de las construcciones que el primer edisaliner posee en suelo rústico.

Asistieron al encuentro los responsables socialistas de Ses Salines, Inca, Santanyí, Sa Pobla, Felanitx, Campos, Llucmajor, Lloret de Vistalegre, Santa Margalida, Montuïri y Selva, cuyos ajuntaments, tal como desveló Ultima Hora en su edición del pasado 3 de agosto, emitieron certificados sobre las supuestas actividades de la Agrupación Cavallista de Ses Salines cuya sede se encuentra en el mismo domicilio del primer edil del municipio.

Estos documentos, junto a los informes favorables de las consellerias de Agricultura, Medi Ambient, Presidència y Turisme, avalaron la concesión de la declaración de interés general por parte del Consell de Mallorca.

Armengol anunció que su grupo ha presentado un recurso de alzada para que se de marcha atrás en la declaración de interés general que permitió la legalización de las edificaciones rústicas, ya que esta concesión se basó «en informes que rozaban la ilegalidad», dijo.

«Pediremos explicaciones a las cuatro consellerias», subrayó Armengol, y añadió que el grupo parlamentario socialista presentará una batería de preguntas dirigidas a los consellers responsables (Margalida Moner, Jaume Font, Rosa Puig y Joan Flaquer) para averiguar quién «dio la orden a once alcaldes para que hicieran el certificado falso», todos ellos en la misma semana de agosto del 2004.