04/10/05 0:00
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G.MAS / J.M.SASTRE
Los 327 empresarios y comerciantes pertenecientes a la pequeña y mediana empresa de Capdepera y Cala Rajada que hace un mes solicitaron amparo al Defensor del Pueblo y al fiscal general del Estado, a causa de los efectos negativos que provoca en sus empresas el sistema de oferta turística del «todo incluido» que se lleva a cabo en las Illes Balears, han anunciado que también lo denunciarán ante la Casa Real, a la vez que han instado al Defensor del Pueblo, que ya lo tiene en estudio, a que lo traslade al Congreso de los Diputados.

En representación de los 327 empresarios, Salvador Escrivà, anunció que «ya acudimos al Defensor del Pueblo y al fiscal general del Estado y ahora queremos que la Casa Real esté perfectamente informada de esta calamidad pública que es el todo incluido, lo único que hace es crear pérdidas entre los comercios, a la vez que provocar daños a terceros». Dichos comerciantes se preguntan como desde el Govern de les Illes Balears consienten el «todo incluido si no está ni regulado».

Por todo ello proponen que si el «todo incluido» se llega a regularizar desde el ejecutivo autonómico, se límite solamente a «hoteles rurales, a hoteles de cuatro o cinco estrellas que se encuentren en el interior y a más de cinco kilómetros de los núcleos urbanos para así evitar que afecte a los comerciantes, que un 70 por ciento de sus trabajadores tengan contrato fijo, y que éstos trabajen al menos once meses al año».