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ASSUMPTA BASSA.
La entidad UPA S.A., propietaria del polémico cámping de la Colònia de Sant Pere, después de un largo silencio, ha salido a defender su postura ante la sanción económica impuesta hace meses, por el Consell de Mallorca por obras «ilegales y ilegalizables» y ante la reiniciación del expediente de demolición.

La empresa ha interpuesto un contencioso contra el acuerdo del Consell alegando que «el recinto dispone de todas las autorizaciones legales para funcionar como camping y que no se ha cometido ninguna infracción». Además se adjunta un requerimiento notarial que certifica que «los bungalows son movibles» .

El abogado de UPA S.A., Josep Melià, explicó los antecedentes de este cámping que se remontan 20 años atrás. «En el 85 el Ajuntament de Artà concedió licencia para la construcción y el uso del camping. El Consell impuso la sanción por obras de edificación que no corresponden al uso del suelo. El Ajuntament d'Artà no ha revocado este uso por lo defendemos que éste sigue estando vigente».

En 1991, la Conselleria de Turisme otorgó la autorización de la apertura del cámping que prestaba sus servicios a través de bungalows de madera. A instancias del Govern, en el 95 se cambió los bungalows de madera por otros de obra. «Según la ley de disciplina urbanística en campings o zona de acampada no hace falta licencia de obras. Por tanto no se ha cometido ninguna infracción y el consell no puede hablar de obras ilegalizables porque no hay nada ilegal».