MARTA MEDRANO26/11/05 0:00
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El alcalde de Inca, Pere Rotger, se ha propuesto aplicar una política de mano dura con las infracciones urbanísticas cuyo expediente se haya iniciado desde enero de 2004. Una medida que, tal y como informaron ayer en el pleno municipal, afecta ya a 10 construcciones-casas, en su mayoría- levantadas ilegalmente desde entonces y sobre las que existe un expediente de domolición.

«Hasta ahora habíamos dejado este tema sobre la mesa en muchas ocasiones pero ha llegado el momento de coger el toro por los cuernos porque la sociedad inquera ya está madura tras el debate y la aprobación del Plan Territorial. Desde enero de 2004 no habrá favoritismos. Nadie podrá hacer un chaletito con sólo 2.000 metros cuadrados de terreno», dijo el alcalde, Pere Rotger, que defendió personalmente la necesidad de ser contundente con este asunto tras haber aplicado una política de «dejar hacer» en los últimos años e instó a la oposición a denunciar los casos de ilegalidad urbanística que conocían para aplicar la nueva política a todo el mundo.

Una actitud que no acabó de convencer a ningún partido político. La oposición lamentó la «amnistía urbanística» de la última década. Desde el PSOE, su portavoz, Xavier Ramis, criticó el hecho de que los expedientes de infracción no se voten por pleno y se presenten como decretos de alcaldía (que, por tanto, no precisan de un debate plenario previo) y dejó caer la necesida de haber realizado una campaña de concienciación ciudadana previa a la nueva política de mano dura, así como el hecho de que este asunto no se haya consensuado con todos los partidos.