Los jóvenes de Son Servera tendrán su propio casal. Contar con un
espacio donde poder organizar diferentes actividades era su
reivindicación. El Ajuntament les concederá la infraestructura pero
tendrán que tener mucho cuidado con los actos que organicen, puesto
que queda «terminantemente prohibido la celebración en el inmueble
de actos, actividades o manifestaciones de cualquier tipo o
naturaleza que contradigan, ofendan o atenten contra la imagen,
doctrina, moral y fines de la Iglesia católica». Así lo dispone la
cláusula tercera del convenio entre el Ajuntament y la parroquia de
Son Servera que el lunes por la noche aprobó, en el pleno, el
equipo de gobierno (PP-UM) con fuertes críticas por parte de la
oposición.
A través de este convenio, la parroquia cede al Ajuntament por
un periodo de 20 años un inmueble de su propiedad para ubicar el
futuro Casal de Joves. A cambio, el Ajuntament se compromete a
hacer una reforma de la casa presentando un proyecto de al menos
240.000 euros. La regidora de Juventud, Francesca Martí (PP),
justificó que «después de haber estudiado otras posibilidades,
hemos acordado que la mejor opción era este inmueble porque es un
lugar muy céntrico». La oposición criticó duramente los términos en
que se redactó el convenio. Todos coincidieron en defender la
necesidad de ofrecer a los jóvenes un casal pero que fuera en un
edificio propiedad del Ajuntament. Antoni Oliver (PSM) manifestó
que «queremos un casa para los jóvenes pero que pueda ser
gestionado con el máximo de libertad y autonomía. Además, los
240.000 euros son a fondo perdido».
Conxi Peña (EU-EV) defendió que «es indignante que el Ajuntament
invierta dinero en una propiedad que en 20 años tendrá que
devolver. También no se cómo se puede firmar desde un Ajuntament,
una administración que ha de ser laica, un convenio de estas
características». Por su parte, Josep Barrientos (PSOE) expresó que
«con este convenio se da a entender que los testigos de Jehová, los
islámicos o los evangelistas no son jóvenes de Son Servera que
puedan disfrutar del casal». El alcalde Damià Ripoll (PP) respondió
que «es falso que con este convenio cerremos las puertas a nadie.
Es un convenio con una entidad del pueblo y todos los jóvenes
podrán disfrutar de su casa».
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