El matadero municipal de Artà no se adapta a la nueva normativa
comunitaria que regula el funcionamiento de estas instalaciones que
entró en vigor el pasado 1 de enero. El Ajuntament está obligado a
cumplir los requisitos de la nueva ley y en caso contrario tendrá
que clausurar el edificio. Ante esta situación, desde el equipo de
gobierno se ha encargado un estudio de viabilidad económica para
evaluar los costes que supone esta adaptación. Así lo reconoció el
teniente de alcalde, Josep Silva.
«Tenemos que analizar si adaptar el matadero a la nueva
normativa es viable o si conviene más cerrarlo. Desde el Ajuntament
estamos estudiando una solución porque no queremos cerrar estas
instalaciones» explicó Silva. Así expuso que una alternativa podría
ser que se cediera la gestión del matadero a la cooperativa de la
localidad.
El incumplimiento se refiere a la obligación de contar con
sistemas de auto control. Según explicaron fuentes autorizadas de
la conselleria de Salut «el problema está en que antes de entrar en
vigor la nueva normativa se diferenciaba entre grandes y pequeños
mataderos. Ahora se han equiparado y las exigencias son las mismas
con independencia del volumen de trabajo». El matadero de Artà
funciona dos veces por semana. La nueva ley obliga a contar con
sistemas de autocontrol, la realización de análisis microbiológicos
entre otras cuestiones que suponen un coste muy elevado.
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