Lluvia de indemnizaciones por las expropiaciones ilegales de la variante

Dos sentencias recientes obligan al Govern a indemnizar a los propietarios de parte del suelo expropiado en 1993 y 1994 aumentando en más de un 50 por ciento el precio que se acordó inicialmente. Esta es solo la punta del iceberg ya que la ocupación forzosa de terrenos afectó a 140 personas y la mayoría de ellas exigió una revisión del justiprecio después de que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares declarara nulos en 1998 todos expedientes de expropiación.

La plataforma cívica creada contra la carretera, integrada por los expropiados, la comunidad de propietarios de los edificios Siesta, los comerciantes de la avenida Pedro Mas i Reus, la Sociedad de Cazadores de Alcúdia, el Grupo Ecologista Pollentia Alcúdia y el GOB, defendidos todos ellos por el abogado Pep Alonso, sostenía entonces que la nueva carretera infringía la Ley de Carreteras de 1990, y que permitía únicamente la construcción de aquellas carreteras previstas en el Plan Sectorial, que por aquél entonces aún no estaba aprobado. El juez les dio la razón pero como la obra ya estaba avanzada, en lugar de ordenar restituir el paisaje ordenó indemnizar a los propietarios afectados incrementando en un 25 por ciento el justiprecio fijado para los terrenos. A esa cantidad se suman ahora 10 años de intereses lo que ha disparado el cómputo total de las indemnizaciones que sigue subiendo.