La casa y cuadras de Sebastià Vidal habían sido presentadas como sede de la Associació Cavallista.

La casa y cuadras de Sebastià Vidal habían sido presentadas como sede de la Associació Cavallista.

LLUIS PLANAS07/02/06 0:00
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LLUÍS PLANAS
El Juzgado de Instrucción número 8 de Palma ha admitido a trámite la querella presentada por un particular contra once alcaldes del Partido Popular por un presunto delito de falsedad documental, al haber emitido diferentes documentos que certificaban que la Associació de Cavallistes de ses Salinas había actuado en sus municipios.

Estos documentos sirvieron para avalar y legalizar, vía interés general otorgado por el Consell de Mallorca, las cuadras y la casa debatle de sus Salinas, Sebastià Vidal (PP), quien finalmente dimitió del cargo por esta polémica. Hay que recordar también que los denunciados en la querella certificaron que la mencionada asociación caballista había actuado en sus municipios desde el año 1995, cuando realmente no se constituyó como tal hasta el año 2002.

Sebastià Vidal utilizó los certificados para presentar su casa como sede de la Associació Cavallista y obtener así el interés general del Consell de Mallorca.

Los cargos públicos denunciados por un ciudadano residente en Manacor, el pasado mes de diciembre, son los alcaldes populares Joan Rotger (Selva), Andreu Prohens (Campos), Miquel Vidal (Santanyí), Antoni del Olmo (Santa Margalida), Antoni Serra (sa Pobla), Catalina Soler (Felanitx), Joan Jaume (Lloret), Gabriel Matas (Montuïri) y el mismo Sebastià Vidal. También hay implicado dos tenientes de alcalde, Joan Rubert (Inca) y Joan Jaume Mulet (Llucmajor).

La querella que ha sido admitida a trámite también incluye una denuncia contra el secretario municipal de Campos y el celador del mismo municipio de ses Salinas por «negociaciones prohibidas» en sus cargos y «falsedad documental» con respecto a certificados emitidos por ellos.

Después de que el pasado verano se destapara el conocido como «caso ses Salines», los alcaldes del partido conservador denunciados tuvieron respuestas diferentes para explicar su actuación, desde reprobarse a sí mismos, como en sa Pobla, a reafirmarse en la veracidad de sus certificados, como hizo el teniente de alcalde de la ciudad de Inca.

El Consell otorgó el interés general, siempre que la sede de la asociación caballista no se usara como vivienda, también a raíz de informes favorables del Govern. Las inspecciones que se hicieron a causa de la polémica confirmaron lo contrario y el Consell paralizó el interés general.