Los hechos se remontan al 2000 cuando el Ajuntament otorgó la
licencia a Payeras para la ampliación de una vivienda unifamiliar.
Unos vecinos denunciaron en los juzgados que lo que tenía que ser
una ampliación se había convertido en una nueva construcción
ilegal.
Los tribunales en el 2002 anularon la licencia de obras dada por
el Ajuntament al considerar que no se había ampliado la vivienda
sino que se había construido una nueva edificación independiente de
la anterior y que la pérgola que unía ambas viviendas pretendía
«encubrir una irreal unión de edificaciones distintas y
separadas».
El Ajuntament tuvo que paralizar las obras. Payeras entonces
presentó un proyecto para legalizar la situación pero el TSJB dictó
sentencia en el 2004 desestimando este proyecto en cuanto no
restablecía la legalidad. Fue cuando Ajuntament y afectado apelaron
contra esta sentencia. Ahora el fallo confirma que se trata de una
edificación ilegal y obliga al Ajuntament a «restablecer la
legalidad en un plazo de seis meses».
El regidor de urbanismo, Rafel Gili (UM) decía que «todavía no
nos hemos reunido para analizar los detalles de la sentencia pero
habrá que acatar la ley».
Bartomeu Payeras, el propietario de la edificación, en el 2003
inició una huelga de hambre ante el Ajuntament como protesta para
evitar que su vivienda fuera demolida. En su momento defendía que
«la edificación no atenta contra el medio ambiente ni contra el
entorno paisajístico y se ajusta al proyecto por el cual el
Ajuntament d'Artà me concedió la licencia de obras». Payeras
exponía que «el proyecto aprobado dedica la totalidad de la antigua
edificación a un estudio de pintura y la ampliación proyectada a
vivienda. De hecho la edificación actual ya tiene un 80 por ciento
para estudio y sólo utilizó como casa 30 metros cuadrados y por lo
tanto el objetivo no es crear dos viviendas sino un estudio y un
hogar conectados».
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