Elena Ballestero16/02/06 0:00
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Las instalaciones municipales de agua, que costaron al Ajuntament cerca de 3 millones de euros (500 millones de las antiguas pesetas), pasarán a ser gestionadas directamente por el concesionario del agua, que no tendrá que pagar por ello al Ajuntament tal y como venía haciendo hasta ahora. Y es que el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJB) considera que el Ajuntament no ha aportado pruebas suficientes para demostrar que el contrato que suscribió con el concesionario en 1989 no incluía la cesión del uso de dichas instalaciones. Durante los últimos años el PSOE de Santa Margalida, personado como codemandado en el contencioso que interpuso el concesionario contra el Ajuntament por negarle el uso de estas instalaciones, ha tratado de demostrar sin éxito que el 9 de marzo de 1998 el pleno del Ajuntament ratificó un convenio transaccional firmado por el actual teniente de alcalde, Miquel Ordinas, y por el concesionario del agua, en el que este último reconocía que no era el concesionario del agua en alta, es decir, que no tenía derechos sobre los depósitos y tuberías municipales.

El problema es que el convenio en cuestión ha desaparecido del expediente municipal y además el acta del pleno en el que se ratificó el acuerdo, no especifica el contenido del documento por lo que el juez no ha admitido como prueba la copia del convenio transaccional que tiene el PSOE. Por ese motivo, el portavoz del PSOE de Santa Margalida, Miquel Cifre, solicita al Ajuntament que se inicie un expediente para que comparezcan ante el secretario de la corporación municipal los regidores que formaban la legislatura municipal de 1995 a 1999, el fedatario público y los trabajadores del Ajuntament que podrían haber participado en el pleno del 9 de marzo del 98 o en las comisiones informativas. Tras la comparecencia Cifre quiere que la actual corporación municipal adopte un acuerdo expreso que confirme el contenido del acuerdo aprobado en 1998. En cualquier caso aunque se consiguiera aprobar dicho acuerdo, este no podría ser aportado como prueba ante el Tribunal Supremo por lo que difícilmente la sentencia del Tribunal Superior tendrá marcha atrás.

El socialista Miquel Cifre, que se mostró defraudado por la resolución judicial, confirmó que el PSOE no recurrirá la sentencia y explicó que reclama que se inicie la investigación para demostrar que «durante años se han manipulado las actas municipales». El socialista Miquel Cifre recordó que en cualquier caso la sentencia hecha pública ahora tiene fecha de caducidad porque la actual concesión del agua caduca en mayo de 2009, momento en que se podrá rescindir el contrato original. El portavoz de los socialistas advierte de que el concesionario del agua ha solicitado una prórroga del contrato para 30 años y advierte que será necesario constar en el acuerdo que los depósitos y tuberías municipales no estarán a disposición de la empresa del agua porque esta no tendría la concesión del agua en alta.