La alcaldesa Rosa Vich (PSM) ha admitido la ilegalidad de la
planta, cuya altura sobrepasa en siete metros el máximo de diez
previstos por el plan parcial. Sin embargo, no ha presentado una
denuncia ante la institución insular para que se abra el
correspondiente expediente de revisión de obras.
Fuentes oficiales del Consell indicaron que «aunque el
Ajuntament mire hacia otro lado, la denuncia de un particular es
más que suficiente para que podamos intervenir». De hecho, la
institución insular ya ha actuado en casos parecidos de
indisciplina urbanística y ha abierto expedientes de revisión de
obras sobre todo en Andratx y Santa Margalida. «En la mayoría de
los expedientes en que actuamos se trata de edificaciones en suelo
rústico que exceden las dimensiones legales. En este caso
encontramos también que han construido bastante más de lo que
podían».
En situaciones de exceso de edificabilidad, el Consell ordena a
los propietarios derribar la parte del edificio que «sobra» y que
queda fuera de la normativa vigente. Omniprint supera en un setenta
por ciento lo que establecen las normas en vigor, lo que incrementa
mucho el valor de la nave pero supone un gran impacto para la
zona.
La planta tampoco tiene licencia de final de obra, ni licencia
de actividades. Por añadidura, el Consell «no tiene constancia» de
que posea el proyecto de urbanización, según afirma el conseller
d'Ordenació del Territori, Bartomeu Vicens, quien no se quiso
extender más en la cuestión «hasta que sepamos exactamente qué
pasa, ya que la información que nos ha suministrado el Ajuntament
es prácticamente nula».
En este sentido, Vicens pidió que «no me pregunte qué hace el
Ajuntament con esta cuestión porque, para nosotros, ahora mismo es
una nebulosa». Aún admitiendo su ilegalidad, el Ajuntament permite
el funcionamiento de Omniprint.
La planta impresora tiene participación de la sociedad madrileña
Unedisa y del grupo turístico fundado por Gabriel Barceló. Ambos
son propietarios de la edición local de El Mundo.
Ante ilegalidades de este tipo, el Consell siempre se interesa
cuando se produce una denuncia y no de oficio «por respeto» a los
ayuntamientos.
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